de lunes a viernes a las 14:20 h.
eva monente
Tenía que haber sido ya una realidad, pero a día de hoy Gobierno Vasco y Diputación Foral de Gipuzkoa mantienen diferencias importantes sobre cómo llevar a cabo la integración de Euskotren en el billete único. El departamento de Transportes ha remitido una segunda propuesta a la institución foral, económicamente más viable, pero que sigue sin agradar a los grupos que conforman el gobierno foral. Falta, eso sí, la decisión final que tendrá que tomar la Diputación.
Primera semana de la entrada en funcionamiento del segundo cinturón de Donostia-San Sebastián con un primer balance positivo. De los 15.000 camiones que hasta ahora circulaban diariamente por la variante donostiarra, 2 de cada3 se desvían ya por la nueva carretera.
Tal y como estaba previsto, el consejo de diputados aprobó ayer la rebaja de salarios para toda la plantilla de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Un 7% se baja el sueldo el Diputado General, 6% los diputados forales, 5% los directores y 2,5% el resto de funcionarios.
El alcalde de Donostia-San Sebastián, Odón Elorza, ha dado por zanjada la polémica sobre la contrata de limpieza de los edificios municipales. Ha denunciado el juego fácil por parte de la oposición y ha puesto ejemplos claros. También ha concretado algunas actividades más de cara a la candidatura a capitalidad cultural, entre ellas una cabalgata de ballenas por la bahía o un concierto gratuito de la Orquesta Sinfónica de Euskadi.
La diputada de Movilidad y Ordenación del Territorio, Arantxa Tapia, ha dicho esta mañana que es ya el momento del apoyo de todas las instituciones implicadas en esta infraestructura. La respuesta ha llegado por boca de 20 asociaciones, sindicatos y partidos políticos que, lejos de aplaudir su construcción, quieren demostrar con firmas que la sociedad no apoya esta obra.
Mañana comienza el juicio para los 10 activistas de Greenpeace que en marzo de 2007 se encaramaron a la central térmica de Pasaia para denunciar la ilegalidad del edificio. La organización ecologista considera que las penas solicitadas (7 años de cárcel en total y multas que suman 150.000 euros) suponen un auténtico disparate.
