La Comisión de Servicios Generales del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián ha aprobado solicitar la suspensión cautelar del decreto de desanexión aprobado el 17 de diciembre
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Viernes 3 de enero de 2014 | EFE
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Un informe elaborado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de San Sebastián concluye que "concurren motivos fundados y suficientes" para impugnar el decreto de la Diputación de Gipuzkoa que declara la segregación del barrio de Igeldo. Este informe, previo al ejercicio de acciones jurisdiccionales, se ha tratado en la Comisión de Servicios Generales del consistorio, en la que con los votos mayoritarios de los grupos de la oposición -PSE, PP y PNV- y el voto contrario de Bildu se ha aprobado solicitar la suspensión cautelar del decreto de desanexión que el gobierno de Martín Garitano aprobó el 17 de diciembre. Este acuerdo se toma una semana después de que el pleno municipal aprobara recurrir judicialmente la decisión de la Diputación Foral de convertir a Igeldo en el municipio número 89 de Gipuzkoa.
El siguiente paso es decidir si, simultáneamente a la interposición del recurso contencioso-administrativo, la suspensión cautelar se pide por la vía ordinaria o por la especial de urgencia, en este último caso sin esperar a que se remita el expediente al tribunal. Los portavoces de la oposición han vuelto a criticar hoy la postura que mantiene no sólo el alcalde, Juan Karlos Izagirre, sino todo el equipo de gobierno, pues entienden que al no apoyar el recurso están actuando contra los intereses de San Sebastián.
El siguiente paso es decidir si, simultáneamente a la interposición del recurso contencioso-administrativo, la suspensión cautelar se pide por la vía ordinaria o por la especial de urgencia, en este último caso sin esperar a que se remita el expediente al tribunal. Los portavoces de la oposición han vuelto a criticar hoy la postura que mantiene no sólo el alcalde, Juan Karlos Izagirre, sino todo el equipo de gobierno, pues entienden que al no apoyar el recurso están actuando contra los intereses de San Sebastián.
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"Izagirre está tardando en presentar su dimisión", ha dicho el socialista Ernesto Gasco, que ha recriminado a la edil de Bildu Naiara Sampedro por las "muestras de desgobierno" de la coalición, después de que ésta se quejara por no haber recibido el informe que recomienda recurrir la desanexión de Igeldo cuando había sido enviado por el secretario a los portavoces de todos los grupos. Gasco ha señalado que, sin embargo, es a la oposición a la que el gobierno de Izagirre no ha entregado un informe económico-financiero sobre la repercusión que tiene la independencia del antiguo barrio para San Sebastián, que en cambio está en poder de la Diputación desde el 18 de noviembre.
El portavoz del PP, José Luis Arrúe, ha señalado que la posición de los ediles de Bildu es "muy grave" porque "lo mínimo que le piden los ciudadanos es que defiendan los intereses de San Sebastián", mientras que la del PNV, Aitziber San Román, les ha reclamado que "tengan a bien respetar a la mayoría de los donostiarras".
El informe que aconseja la impugnación, que lleva fecha de 31 de diciembre y firma el jefe del Servicio de Asesoría Jurídica, Amadeo Valcarce, considera que la resolución adoptada por la Diputación de Gipuzkoa "carece de eficacia" para revocar el decreto foral de junio de 2010, que desestimaba la solicitud de segregación impulsada por Itxas Aurre, el colectivo que presidió Juan Karlos Izagirre. En ese momento, la Diputación, que gobernaban PNV y EA, alegó, entre otras razones, que la desanexión carecía de "apoyo de elementos históricos", era inviable económicamente porque "su capacidad de autofinanciación sería nula o muy limitada" y el barrio no cuenta con "el número de habitantes preciso para conformar un nuevo municipio". Indicaba que "el deseo de los vecinos de Igeldo de conservar su identidad rural, sus costumbres y su personalidad" no es "por sí solo un motivo de interés público determinante para la creación de un nuevo municipio", y subrayaba además la "más que notable desproporción" entre el número de habitantes y la superficie que ocuparía.
El informe apunta que la revocación de ese decreto de 2010 por parte del gobierno de Garitano "tropieza con serias dificultades legales que la invalidan", pues entiende que en este caso no se cumplen los motivos por los que tendría la facultad de anularlo, como que hubiera incurrido en alguna infracción del ordenamiento jurídico. Señala que, de hecho, el decreto del pasado diciembre "no detecta ni hace patente" esa supuesta vulneración jurídica, "ni se expone como argumento para retomar el tratamiento de la segregación". Añade que tampoco se dan circunstancias de "ilegalidad sobrevenida", ya que la legalidad aplicable al caso es la misma que hace tres años.
Los servicios jurídicos municipales dicen que el decreto de desanexión "no se calibra adecuadamente el perjuicio que se le deriva de la segregación al Ayuntamiento de San Sebastián" y que la "voluntad popular por sí sola, expresada en una consulta planteada en condiciones más que discutibles, no es suficiente para obtener la segregación territorial". También rechaza otro de los argumentos esgrimidos por la Diputación, como es el de la viabilidad económica de Igeldo, pues asegura que de la documentación aportada al expediente por Itxas Aurre con posterioridad al decreto de 2010, "tampoco se asegura la viabilidad económica, más allá de una economía de mera subsistencia, con nulas posibilidades económico-financieras de inversión, y basada en un estudio de graves carencias (transporte, por ejemplo)".
El portavoz del PP, José Luis Arrúe, ha señalado que la posición de los ediles de Bildu es "muy grave" porque "lo mínimo que le piden los ciudadanos es que defiendan los intereses de San Sebastián", mientras que la del PNV, Aitziber San Román, les ha reclamado que "tengan a bien respetar a la mayoría de los donostiarras".
El informe que aconseja la impugnación, que lleva fecha de 31 de diciembre y firma el jefe del Servicio de Asesoría Jurídica, Amadeo Valcarce, considera que la resolución adoptada por la Diputación de Gipuzkoa "carece de eficacia" para revocar el decreto foral de junio de 2010, que desestimaba la solicitud de segregación impulsada por Itxas Aurre, el colectivo que presidió Juan Karlos Izagirre. En ese momento, la Diputación, que gobernaban PNV y EA, alegó, entre otras razones, que la desanexión carecía de "apoyo de elementos históricos", era inviable económicamente porque "su capacidad de autofinanciación sería nula o muy limitada" y el barrio no cuenta con "el número de habitantes preciso para conformar un nuevo municipio". Indicaba que "el deseo de los vecinos de Igeldo de conservar su identidad rural, sus costumbres y su personalidad" no es "por sí solo un motivo de interés público determinante para la creación de un nuevo municipio", y subrayaba además la "más que notable desproporción" entre el número de habitantes y la superficie que ocuparía.
El informe apunta que la revocación de ese decreto de 2010 por parte del gobierno de Garitano "tropieza con serias dificultades legales que la invalidan", pues entiende que en este caso no se cumplen los motivos por los que tendría la facultad de anularlo, como que hubiera incurrido en alguna infracción del ordenamiento jurídico. Señala que, de hecho, el decreto del pasado diciembre "no detecta ni hace patente" esa supuesta vulneración jurídica, "ni se expone como argumento para retomar el tratamiento de la segregación". Añade que tampoco se dan circunstancias de "ilegalidad sobrevenida", ya que la legalidad aplicable al caso es la misma que hace tres años.
Los servicios jurídicos municipales dicen que el decreto de desanexión "no se calibra adecuadamente el perjuicio que se le deriva de la segregación al Ayuntamiento de San Sebastián" y que la "voluntad popular por sí sola, expresada en una consulta planteada en condiciones más que discutibles, no es suficiente para obtener la segregación territorial". También rechaza otro de los argumentos esgrimidos por la Diputación, como es el de la viabilidad económica de Igeldo, pues asegura que de la documentación aportada al expediente por Itxas Aurre con posterioridad al decreto de 2010, "tampoco se asegura la viabilidad económica, más allá de una economía de mera subsistencia, con nulas posibilidades económico-financieras de inversión, y basada en un estudio de graves carencias (transporte, por ejemplo)".
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