Enviará una carta a las personas que utilizan estas viviendas, con el fin de que aporten la información necesaria sobre su situación
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Martes 30 de julio de 2013
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A día de hoy las personas que residen en una vivienda protegida de Donostiako Etxegintza en régimen de alquiler con un contrato que se firmó hace varios años se encuentran en situación de prórroga.Durante los años transcurridos desde la firma de los contratos la situación de muchas personas ha ido cambiando, por lo que la Entidad ha decidido revisar las condiciones de cada una de las personas inquilinas, de cara a su renovación. Para ello, remitirá una carta certificada a las personas que actualmente utilizan estos inmuebles, con el fin de que pongan en manos del Ayuntamiento la información necesaria para determinar si cumple con los requisitos necesarios para renovar el alquiler. Estas tendrán, desde el momento de la recepción, 10 días hábiles para aportar información o facultar que Etxegintza contraste con Hacienda su situación.
Para determinar si se renovará o no el contrato de alquiler, se tomarán en cuenta elementos como el volumen de ingresos que percibe la unidad convivencial, para lo que habrá que aportar los datos de los ingresos fiscales de 2012 de las personas que figuren como titulares del contrato. Además, se tendrá en cuenta el cumplimiento de la normativa vasca en cuanto a la carencia de viviendas en propiedad, derecho de superficie o usufructo. También se analizará si cumplen con los pagos del contrato actual.
El Ayuntamiento gestiona 1644 viviendas en alquiler, de las que 283 son apartamentos para jóvenes, con derecho a permanecer 5 años y 44 para mayores. Dado que en 437 viviendas no ha vencido el plazo de 5 años, serán 880 los contratos a revisar. Las primeras serán las de Plaza Lasarte, Zarategi 74-84 y Paseo de Mons.
El concejal de Urbanismo, Ricardo Burutaran, ha afirmado que el interés de Donostiako Etxegintza es que los pisos protegidos “cumplan la función social para la que están destinados, es decir, que los utilicen quienes cumplan los requisitos legales y no puedan optar a otro tipo de vivienda. Tenemos que garantizar el buen uso de lo público, ya que estas viviendas tienen una finalidad social; por eso, este Ayuntamiento va a analizar por primera vez todos los casos de cara a renovar o no en cada uno de ellos, el contrato de alquiler”.
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