Se consigue cuando el objetivo del Plan de Reducción de Cargas Administrativas en Euskadi (PRCAE) se estableció en un 30 por ciento, según ha informado el Departamento de Justicia y Administraciones Públicas.
Viernes 3 de agosto de 2012 | EUROPA PRESS
El Gobierno vasco ha realizado la primera medición de la reducción de cargas administrativas, de acuerdo con el Método Simplificado de Medición de Cargas Administrativas y de su Reducción, acordado por la Administración central y las autonómicas y municipales, y basado en el Modelo de Costes Estándar (MCE).
Según ha indicado el Ejecutivo, este resultado es fruto de la "estrecha colaboración" entre todos los departamentos del Gobierno vasco en la labor de digitalizar los procedimientos administrativos existentes, una tarea impulsada desde la Dirección de Innovación y Administración Electrónica (DIAE), dependiente del Departamento de Justicia y Administración Pública.
Esta primera medición, referida al pasado 30 de junio, se considera "fundamental" para la evaluación del cumplimiento de los objetivos del PRCAE, ha indicado el Departamento que gestiona Idoia Mendia.
El PRCAE forma parte, a su vez, del Plan de Innovación Pública (PIP) 2010 - 2013 (tercer eje estratégico, Administración Innovadora; décima línea estratégica, Excelencia en la Gestión") y que, para su desarrollo, precisa de la evolución positiva del Plan de Digitalización de Servicios, de la Interoperabilidad y de la Adaptación Normativa a la Directiva de Servicios, que también se contemplan en el PIP.
Se consideran cargas administrativas aquellas actividades de naturaleza administrativa que deben llevar a cabo las empresas para cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa.
Dentro de esta definición se entienden incluidas aquellas actividades voluntarias de naturaleza administrativa derivadas de una diligente gestión empresarial (solicitud de subvenciones, inscripción en registros voluntarios o solicitudes de claves de servicio).
En el caso de las empresas, las cargas administrativas son los costes que deben soportar para cumplir las obligaciones de facilitar, conservar o generar información sobre sus actividades o su producción, para su puesta a disposición y aprobación, en su caso, por parte de autoridades públicas o terceros.
Constituyen un subconjunto de los costes administrativos de las empresas, ya que éstos engloban también, además de las cargas, las actividades administrativas que las empresas continuarían realizando si se derogase la normativa.
Según ha indicado el Ejecutivo, este resultado es fruto de la "estrecha colaboración" entre todos los departamentos del Gobierno vasco en la labor de digitalizar los procedimientos administrativos existentes, una tarea impulsada desde la Dirección de Innovación y Administración Electrónica (DIAE), dependiente del Departamento de Justicia y Administración Pública.
Esta primera medición, referida al pasado 30 de junio, se considera "fundamental" para la evaluación del cumplimiento de los objetivos del PRCAE, ha indicado el Departamento que gestiona Idoia Mendia.
El PRCAE forma parte, a su vez, del Plan de Innovación Pública (PIP) 2010 - 2013 (tercer eje estratégico, Administración Innovadora; décima línea estratégica, Excelencia en la Gestión") y que, para su desarrollo, precisa de la evolución positiva del Plan de Digitalización de Servicios, de la Interoperabilidad y de la Adaptación Normativa a la Directiva de Servicios, que también se contemplan en el PIP.
Se consideran cargas administrativas aquellas actividades de naturaleza administrativa que deben llevar a cabo las empresas para cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa.
Dentro de esta definición se entienden incluidas aquellas actividades voluntarias de naturaleza administrativa derivadas de una diligente gestión empresarial (solicitud de subvenciones, inscripción en registros voluntarios o solicitudes de claves de servicio).
En el caso de las empresas, las cargas administrativas son los costes que deben soportar para cumplir las obligaciones de facilitar, conservar o generar información sobre sus actividades o su producción, para su puesta a disposición y aprobación, en su caso, por parte de autoridades públicas o terceros.
Constituyen un subconjunto de los costes administrativos de las empresas, ya que éstos engloban también, además de las cargas, las actividades administrativas que las empresas continuarían realizando si se derogase la normativa.
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