Se ha comprometido hoy a destinar un presupuesto de 8,2 millones de euros en dos años para financiar mejoras en las condiciones laborales de las 4.800 trabajadoras y trabajadores de las residencias y Centros de Día del Territorio que disponen de plazas concertadas con la Administración
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Viernes 8 de febrero de 2013 | GIPUZKOABERRI
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De este modo, pretende superar la situación de bloqueo en las negociaciones que existe a día de hoy entre la representación sindical del sector y la patronal.
El diputado de Política Social, Ander Rodríguez, junto a la directora de Atención a la Dependencia y Discapacidad, Txelo Pérez, ha comparecido en una rueda de prensa en la que ha expresado su preocupación por el escenario en el que se encuentran las conversaciones para la firma del nuevo Convenio Colectivo de Residencias para Personas Mayores de Gipuzkoa.
Las patronales Adegi y Lares y la representación sindical de los y las trabajadoras comenzaron en octubre una serie de negociaciones que no han dado frutos hasta la fecha, hasta tal punto que se ha anunciado una convocatoria de huelga de tres días que comenzará el 27 de febrero.
De persistir la situación de bloqueo, la no consecución de un acuerdo que permitiera la firma de un convenio provincial derivaría, según han anunciado varias empresas y entidades, en la aplicación de la regulación estatal en el sector. En palabras del diputado, “esta circunstancia, así como la convocatoria de huelgas, son vistas con extrema preocupación por esta Administración, ya que supondrían una merma considerable tanto en las condiciones laborales del personal como en la calidad del servicio”.
Rodríguez ha recordado que el Territorio Histórico de Gipuzkoa cuenta a día de hoy con una oferta de 7.067 plazas residenciales y de Centro de Día para personas mayores, de las cuales 6.169 forman parte de la red foral concertada bajo precio público, es decir, son gestionadas por entidades con o sin ánimo de lucro y financiadas por la Diputación. Por lo tanto, la Institución foral es responsable de financiar el 87% de las plazas que se ofertan en el Territorio, así como de sufragar los sueldos de 4.800 trabajadoras y trabajadores del sector.
Rodríguez ha afirmado que “la Diputación es la responsable última de asegurar la prestación de un servicio de calidad en las plazas públicas concertadas que financia y que pone a disposición de la ciudadanía. Esta Institución, asimismo, se considera en la obligación de velar por el cumplimiento de los derechos laborales del personal que desarrolla su trabajo en dichos servicios, en tanto en cuanto estas condiciones redundan en la calidad del servicio prestado”.
Por todo ello, y tras haber resultado la Administración interpelada por las partes, el Gobierno foral ha elevado una propuesta a patronal y sindicatos con el objetivo de desbloquear la mesa. “La base de la que parte es clara. Dadas las particularidades del sector concernido - dependiente del gasto de la Administración foral - la Diputación se compromete a garantizar a las entidades gestoras la financiación suficiente para aplicar subidas del IPC a los sueldos y consolidar los derechos laborales de las personas trabajadoras”, ha anunciado Rodríguez. De este modo, a juicio del diputado, “no existe razón ni técnica ni económica para vulnerar los derechos del personal reduciendo su poder adquisitivo o aplicando las reformas laborales”.
La propuesta tendrá una vigencia de dos años, con efecto retroactivo a 1 de enero de 2013. Uno de los compromisos más importantes adoptados por la Diputación a través de este acuerdo sería el relativo a los salarios:
Salario
En 2013, se aplicará un incremento para todos los conceptos del 2,6% (IPC de Gipuzkoa en 2012). En 2014, la subida para todos los conceptos, excepto para la antigüedad (que será superior), será del IPC de Gipuzkoa de 2013.
Sin embargo, la propuesta foral recoge también la mejora o consolidación de otros derechos laborales. Uno de los más importantes, será el referido al descanso retribuido:
Descanso retribuido
Toda trabajadora o trabajador que realice una jornada superior a cinco horas diarias, sea en régimen de turno continuo o jornada partida, tendrá derecho a un descanso de 20 minutos. Durante los años 2013 y 2014, dicho descanso no será retribuido. No obstante, para el año 2015, el 25% del descanso (5 minutos) será retribuido y por tanto, tendrá la consideración de jornada real efectiva. Este artículo tendrá una vigencia específica de tres años.
En este sentido, el diputado ha manifestado su claro compromiso tanto en la calidad del servicio como en la generación real de empleo que va a suponer esta medida en todos los centros de trabajo. De acuerdo a la estimación realizada, la reducción de la jornada anual de trabajo efectivo por la inclusión de descanso de 5 minutos en 2015 creará 44,5 empleos.
La propuesta de convenio elevada a la mesa del PRECO por la Diputación recoge otras medidas por encima de la reforma laboral, como la indemnización con 45 días de salario por año trabajado, o de reconocimiento de derechos relativos a libranzas, calendarios, antiguedad o incapacidad temporal, entre otras.
La Diputación habilitará y acordará instrumentos legales para que este convenio sea de aplicación obligatoria a todas las empresas que al menos tengan una plaza concertada. Este compromiso se trasladará a través de los pliegos de condiciones o convenios refrendados entre la Diputación y las empresas, y tomará como referentes los pasos dados por el Departamento de Movilidad.
El diputado de Política Social, Ander Rodríguez, junto a la directora de Atención a la Dependencia y Discapacidad, Txelo Pérez, ha comparecido en una rueda de prensa en la que ha expresado su preocupación por el escenario en el que se encuentran las conversaciones para la firma del nuevo Convenio Colectivo de Residencias para Personas Mayores de Gipuzkoa.
Las patronales Adegi y Lares y la representación sindical de los y las trabajadoras comenzaron en octubre una serie de negociaciones que no han dado frutos hasta la fecha, hasta tal punto que se ha anunciado una convocatoria de huelga de tres días que comenzará el 27 de febrero.
De persistir la situación de bloqueo, la no consecución de un acuerdo que permitiera la firma de un convenio provincial derivaría, según han anunciado varias empresas y entidades, en la aplicación de la regulación estatal en el sector. En palabras del diputado, “esta circunstancia, así como la convocatoria de huelgas, son vistas con extrema preocupación por esta Administración, ya que supondrían una merma considerable tanto en las condiciones laborales del personal como en la calidad del servicio”.
Rodríguez ha recordado que el Territorio Histórico de Gipuzkoa cuenta a día de hoy con una oferta de 7.067 plazas residenciales y de Centro de Día para personas mayores, de las cuales 6.169 forman parte de la red foral concertada bajo precio público, es decir, son gestionadas por entidades con o sin ánimo de lucro y financiadas por la Diputación. Por lo tanto, la Institución foral es responsable de financiar el 87% de las plazas que se ofertan en el Territorio, así como de sufragar los sueldos de 4.800 trabajadoras y trabajadores del sector.
Rodríguez ha afirmado que “la Diputación es la responsable última de asegurar la prestación de un servicio de calidad en las plazas públicas concertadas que financia y que pone a disposición de la ciudadanía. Esta Institución, asimismo, se considera en la obligación de velar por el cumplimiento de los derechos laborales del personal que desarrolla su trabajo en dichos servicios, en tanto en cuanto estas condiciones redundan en la calidad del servicio prestado”.
Por todo ello, y tras haber resultado la Administración interpelada por las partes, el Gobierno foral ha elevado una propuesta a patronal y sindicatos con el objetivo de desbloquear la mesa. “La base de la que parte es clara. Dadas las particularidades del sector concernido - dependiente del gasto de la Administración foral - la Diputación se compromete a garantizar a las entidades gestoras la financiación suficiente para aplicar subidas del IPC a los sueldos y consolidar los derechos laborales de las personas trabajadoras”, ha anunciado Rodríguez. De este modo, a juicio del diputado, “no existe razón ni técnica ni económica para vulnerar los derechos del personal reduciendo su poder adquisitivo o aplicando las reformas laborales”.
La propuesta tendrá una vigencia de dos años, con efecto retroactivo a 1 de enero de 2013. Uno de los compromisos más importantes adoptados por la Diputación a través de este acuerdo sería el relativo a los salarios:
Salario
En 2013, se aplicará un incremento para todos los conceptos del 2,6% (IPC de Gipuzkoa en 2012). En 2014, la subida para todos los conceptos, excepto para la antigüedad (que será superior), será del IPC de Gipuzkoa de 2013.
Sin embargo, la propuesta foral recoge también la mejora o consolidación de otros derechos laborales. Uno de los más importantes, será el referido al descanso retribuido:
Descanso retribuido
Toda trabajadora o trabajador que realice una jornada superior a cinco horas diarias, sea en régimen de turno continuo o jornada partida, tendrá derecho a un descanso de 20 minutos. Durante los años 2013 y 2014, dicho descanso no será retribuido. No obstante, para el año 2015, el 25% del descanso (5 minutos) será retribuido y por tanto, tendrá la consideración de jornada real efectiva. Este artículo tendrá una vigencia específica de tres años.
En este sentido, el diputado ha manifestado su claro compromiso tanto en la calidad del servicio como en la generación real de empleo que va a suponer esta medida en todos los centros de trabajo. De acuerdo a la estimación realizada, la reducción de la jornada anual de trabajo efectivo por la inclusión de descanso de 5 minutos en 2015 creará 44,5 empleos.
La propuesta de convenio elevada a la mesa del PRECO por la Diputación recoge otras medidas por encima de la reforma laboral, como la indemnización con 45 días de salario por año trabajado, o de reconocimiento de derechos relativos a libranzas, calendarios, antiguedad o incapacidad temporal, entre otras.
La Diputación habilitará y acordará instrumentos legales para que este convenio sea de aplicación obligatoria a todas las empresas que al menos tengan una plaza concertada. Este compromiso se trasladará a través de los pliegos de condiciones o convenios refrendados entre la Diputación y las empresas, y tomará como referentes los pasos dados por el Departamento de Movilidad.
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