El Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde ha publicado, en euskera y en castellano, el segundo ''Manifiesto de los Derechos de las Mujeres y Niñas con Discapacidad de la Unión Europea: Una Herramienta para Activistas y Actores Políticos'', que fue adoptado por la Asamblea General Anual del Foro Europeo de la Discapacidad en mayo de 2011
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Martes 2 de octubre de 2012 | EUROPA PRESS
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El primer manifiesto, según ha recordado Emakunde en un comunicado, se aprobó en 1997 con el propósito de asegurar la presencia y participación de este colectivo en el marco de la sociedad civil, así como de sentar las bases para tomar en consideración sus demandas y necesidades para la promoción de su igualdad y no discriminación en la UE y en sus estados miembros.
Catorce años después, se ha revisado y actualizado debido a la entrada en vigor en la UE de instrumentos como la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Estrategia Europea de la Discapacidad 2010-2020 o el Pacto por la Igualdad de Género para el periodo 2011-2020 de la UE.
Pero, "sobre todo y ante todo", como ha resaltado Emakunde, ha sido la "urgencia" por desarrollar una herramienta que ayude a la transversalidad del género en las políticas de discapacidad la razón "fundamental" que ha guiado este trabajo.
II Manifiesto
Este segundo manifiesto se estructura en dieciocho áreas temáticas centradas en cinco cuestiones: presentar la situación de las mujeres y niñas con discapacidad en el ámbito referenciado, incorporar sus demandas en lo que se refiere a su atención directa, proponer mejoras en el entorno comunitario, plantear estudios e investigaciones precisas para conocer la situación específica de esta población, y esbozar un análisis de las cuestiones legislativas de mayor interés en el tema.
En materia de accesibilidad, se ha perseguido especificar las cuestiones de género en el diseño del entorno construido y urbanístico, en el transporte, en el acceso a la información y a la comunicación, así como al de los bienes y servicios.
El documento, cuyo contenido está disponible de manera íntegra en la página web del Instituto, también analiza la violencia contra las mujeres tomando en consideración la prevención, la atención y recuperación de las víctimas, las medidas legislativas necesarias y los estudios e investigaciones que se deberían desarrollar.
Por su parte, el tema de la salud se aborda mediante reflexiones sobre la atención sanitaria primaria, la salud sexual y reproductiva, la atención sanitaria a la violencia contra la mujer y la salud mental.
“Doble discriminación”
En palabras de la directora de Emakunde, María Silvestre, las mujeres con discapacidad o diversidad funcional se encuentran en una posición "desigual" en sociedad.
"Por un lado, respecto a los hombres, como consecuencia de las construcciones sociales de género, y, por otro lado, respecto a las personas que no sufren ningún tipo de discapacidad, con lo que tenemos que hablar claramente de una doble discriminación", ha explicado.
Asimismo, Silvestre ha señalado que "la percepción del género y la de la discapacidad, como construcciones sociales, pueden ser modificadas en pro de la igualdad".
En este sentido, ha indicado que "ahí se vislumbra una de las claves para empezar a transformar la situación actual y permitir la participación social de las mujeres en plano de igualdad". "Para ello es necesario que las políticas institucionales contemplen el género y la discapacidad de forma transversal", ha reclamado.
Catorce años después, se ha revisado y actualizado debido a la entrada en vigor en la UE de instrumentos como la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Estrategia Europea de la Discapacidad 2010-2020 o el Pacto por la Igualdad de Género para el periodo 2011-2020 de la UE.
Pero, "sobre todo y ante todo", como ha resaltado Emakunde, ha sido la "urgencia" por desarrollar una herramienta que ayude a la transversalidad del género en las políticas de discapacidad la razón "fundamental" que ha guiado este trabajo.
II Manifiesto
Este segundo manifiesto se estructura en dieciocho áreas temáticas centradas en cinco cuestiones: presentar la situación de las mujeres y niñas con discapacidad en el ámbito referenciado, incorporar sus demandas en lo que se refiere a su atención directa, proponer mejoras en el entorno comunitario, plantear estudios e investigaciones precisas para conocer la situación específica de esta población, y esbozar un análisis de las cuestiones legislativas de mayor interés en el tema.
En materia de accesibilidad, se ha perseguido especificar las cuestiones de género en el diseño del entorno construido y urbanístico, en el transporte, en el acceso a la información y a la comunicación, así como al de los bienes y servicios.
El documento, cuyo contenido está disponible de manera íntegra en la página web del Instituto, también analiza la violencia contra las mujeres tomando en consideración la prevención, la atención y recuperación de las víctimas, las medidas legislativas necesarias y los estudios e investigaciones que se deberían desarrollar.
Por su parte, el tema de la salud se aborda mediante reflexiones sobre la atención sanitaria primaria, la salud sexual y reproductiva, la atención sanitaria a la violencia contra la mujer y la salud mental.
“Doble discriminación”
En palabras de la directora de Emakunde, María Silvestre, las mujeres con discapacidad o diversidad funcional se encuentran en una posición "desigual" en sociedad.
"Por un lado, respecto a los hombres, como consecuencia de las construcciones sociales de género, y, por otro lado, respecto a las personas que no sufren ningún tipo de discapacidad, con lo que tenemos que hablar claramente de una doble discriminación", ha explicado.
Asimismo, Silvestre ha señalado que "la percepción del género y la de la discapacidad, como construcciones sociales, pueden ser modificadas en pro de la igualdad".
En este sentido, ha indicado que "ahí se vislumbra una de las claves para empezar a transformar la situación actual y permitir la participación social de las mujeres en plano de igualdad". "Para ello es necesario que las políticas institucionales contemplen el género y la discapacidad de forma transversal", ha reclamado.
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